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Mano dura contra el pueblo
Escrito por Lcdo. Orlando Maldonado   
Miércoles 24 de Mayo de 2017 13:47

Hace unos años, su padre institucionalizó una política que prácticamente militarizó la guerra contra el crimen en el país. En aquella ocasión, el plan consistió, entre otras cosas, en una multimillonaria inversión de fondos públicos destinados a las agencias de seguridad, enmiendas a ciertas leyes penales y la utilización de la Guardia Nacional para ayudar a la policía en los operativos antidrogas y vigilar las áreas “calientes”.

Pero la “mano dura contra el crimen” no ha sido el único intento fallido de pasados gobiernos para enfrentar sin éxito la escalada de violencia que todavía sufre el país. Otras iniciativas con nombres como “castigo seguro” y “golpe al punto” también fracasaron.

El elemento común que marcó la poca efectividad que tuvieron esas iniciativas es que sus proponentes olvidaron que no se puede tratar la criminalidad sin atender la desigualdad social que existe en Puerto Rico.  Hoy por hoy, el crimen sigue tan vigente y cobrando vidas como hace dos décadas sin que podamos asegurar que en el futuro inmediato el gobierno tendrá algún éxito enfrentando el problema. Por otro lado, la brecha entre ricos y pobres sigue expandiéndose, lo que ciertamente agrava la crisis. El fracaso para lidiar con este asunto no debe alegrar a nadie, pero es la realidad que nos toca vivir.

Del padre al hijo. Apenas se estrenó como gobernador, Ricardo Rosselló firmó una nueva ley laboral que limita algunos derechos adquiridos por los trabajadores puertorriqueños. Un aumento en el período probatorio de 3 a 9 meses para los nuevos empleados, la disminución de los días que se acumulan por enfermedad y vacaciones, la implementación del “flexi-time” y la limitación en el bono de navidad son algunas de las características más significativas que contiene la “reforma”. La legislación aplica a nuevos empleados y a empleados que pierdan el trabajo y sean reclutados nuevamente, aunque sea por el mismo patrono. Y ya hemos visto como las grandes cadenas han comenzado a despedir trabajadores con la excusa de una supuesta reestructuración.

La crisis económica que sufre Puerto Rico provocó que el gobierno federal nombrara una junta de control fiscal que se ha encargado de elaborar un listado de medidas para que los acreedores del gobierno puedan cobrar la deuda. Por el chorro pueden irse las pensiones de los empleados públicos jubilados, la seguridad de empleo de miles de trabajadores, la salud y la educación. Pero a la administración de turno no le ha temblado la mano a la hora de aprobar leyes que fastidien a la ciudadanía. La más  reciente raya en el facismo por atentar contra el derecho constitucional a la libre expresión cuando en esencia persigue silenciar al pueblo ante los abusos que pueda cometer el gobierno.  Ahora si usted participa en un protesta y cubre su rostro puede enfrentar una pena de cárcel de tres años.

No sólo les basta con castigar al pueblo imponiendo medidas económicas antipáticas para complacer a unos bonistas sedientos de más dinero. Claro que tienen derecho a cobrar, pero lo que legalmente prestaron.  Para colmo de males, ahora también pretenden que nos quedemos callados y aceptemos las cosas así como así. Por el momento, la quiebra nos salvó de algo mucho peor, aunque será cuestión de tiempo conocer hasta dónde llegará el trámite en el tribunal federal.

Y mientras la quiebra se dilucida en el foro pertinente, qué más quisiéramos que el gobierno tuviera “mano dura” contra la desigualdad social que vive este país y se colocara al lado del pueblo. ¿Es mucho pedir?

 

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